El 18 de junio pasado, el Parlamento Europeo ha hecho una propuesta a la Comisión Europea sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia .

Mediante esta propuesta, el Parlamento pide explícitamente a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la inversión social en los servicios sociales, como los sectores sanitario, asistencial y social, que son esenciales en vista de los cambios demográficos y las consecuencias sociales de la crisis, y que poseen un gran potencial de creación de empleo;

Está convencido de que las reformas necesarias deben abordar la calidad y la eficiencia de la asistencia sanitaria, mejorar el acceso a la asistencia adecuada en el momento oportuno y dentro de la estructura correcta, y mantener saludables a las personas previniendo, en la medida de lo posible, las complicaciones comunes y evitables de las enfermedades;

Recuerda que los Estados miembros convinieron en adoptar un enfoque que marcase el paso de las medidas «curativas», que abordan los síntomas de la exclusión y la mala salud, a las medidas preventivas «como estrategia para mejorar la calidad de vida y reducir la carga de las enfermedades crónicas, la fragilidad y la discapacidad»; destaca, en este sentido, el mayor coste a largo plazo de la inacción;

Considera que dejar a las personas vulnerables sin acceso a los servicios asistenciales o de atención sanitaria representa un ahorro falso, ya que puede tener una incidencia negativa a largo plazo tanto en los costes sanitarios como en la salud individual y pública;

Considera que muchas de las medidas de reducción de costes a corto plazo que se están aplicando actualmente, como la introducción del acceso directo a las cuotas de la atención sanitaria, los gastos directos más elevados o la exclusión del acceso a la asistencia de los grupos vulnerables, como los inmigrantes irregulares, no se han evaluado plenamente en relación con las consecuencias sociales y económicas generalizadas o los posibles efectos discriminatorios y las implicaciones a largo plazo, incluidos los riesgos para la salud pública y las posibles consecuencias en la esperanza de vida; destaca que tales medidas generan efectos negativos desproporcionados en los grupos vulnerables;

Considera lamentable que el estigma social asociado a determinadas afecciones médicas disuada a las personas de solicitar la asistencia necesaria, posiblemente dejando sin tratar las enfermedades transmisibles con el consiguiente riesgo para la salud pública;

Lamenta el impacto desproporcionado que las prácticas de detención y denuncia de los países, vinculadas a la aplicación de la legislación en materia de inmigración, ejercen sobre la capacidad de los inmigrantes indocumentados de recibir atención médica.

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